La Proposición de Ley reguladora de la presencia de perros de asistencia abarca no sólo los perros guía, que se ocupan de personas invidentes, sino también los demás canes denominados "de asistencia", destinados a quienes padecen sordera, a minusválidos físicos que se trasladan en sillas de ruedas y a niños autistas, entre otras personas.
Estos animales "son una necesidad real, y se convierten en parte del alma del usuario", ha explicado una de las personas que a diario convive con su perro, también presente en la rueda de prensa, y que ha pedido la mayor celeridad posible para la entrada en vigor de la futura normativa.
Se trata de evitar que alguien no tenga acceso a una biblioteca pública o a un restaurante por ir acompañado de su perro, que se convierte en los ojos de las personas ciegas, en los oídos de las sordas y en los brazos y las piernas de quienes se desplazan en silla de ruedas.
Como ejemplos concretos, los impulsores de esta iniciativa han citado la labor de un perro que convive con una persona sorda y que se encarga de alertar del sonido de una alarma de incendios y el de una persona que se desplaza en silla de ruedas, se le cae el móvil al suelo y no puede recuperarlo sin la ayuda de su perro.
Los perros de asistencia, en la actualidad demandados por 150 personas en Castilla y León, cumplen una serie de requisitos sanitarios y están altamente cualificados tras pasar por un largo periodo de entrenamiento, ha explicado el presidente de la Asociación de Perros de Asistencia y Animales de Terapia (PAAT), Alberto Álvarez.
Primero, los animales permanecen durante un año con una familia de acogida, que les enseña lo más básico, y después pasan a la Escuela para su adiestramiento, un adiestramiento al que también deben someterse las personas con discapacidad que convivirán con los animales tras una exhaustiva comprobación de su perfil para conseguir el mejor emparejamiento entre la persona y el perro.
Ahora, en Castilla y León, existe un "vacío" en la regulación de la presencia de los perros de asistencia, que sí dispone de una normativa recientemente aprobada en Cataluña, ha explicado Redondo.
Galicia, Valencia y País Vasco son las otras tres autonomías que cuentan con regulación en esta materia que, en el caso de la propuesta socialista para Castilla y León, incluye en el capítulo de sanciones desde 150 euros, las consideradas leves, y 9.000 euros las calificadas como graves, en supuestos como los de instalaciones públicas en las que no se permita la entrada de perros de asistencia.
En este sentido, uno de los usuarios de este tipo de animales ha sugerido que la cuantía de las sanciones que se impongan revierta en sufragar gastos de los centros de adiestramiento o de las familias que acogen durante el primer año al perro de asistencia.
La proposición de Ley incluye, junto a otros apartados, las definiciones de perro guía, de perro de servicio, para ayudar en las tareas diarias a las personas con discapacidad física, y perro de señalización, para personas con discapacidad auditiva.
También explica la función de los perros de aviso, que dan alerta médica con respeto a personas enfermas; perros para personas con autismo, que velan por la integridad física, controlan las situaciones de emergencia y guían al usuario que sufre esta discapacidad, y perro de terapia, educado y adiestrado para servir de complemento de terapia en determinadas enfermedades.